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MEPyD | Metas
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El Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, como parte de la Presidencia de la
República Dominicana , tiene como metas:
1. Recuperar la estabilidad macroeconómica y reiniciar el crecimiento.
2. Consolidar la gobernabilidad democrática mediante el fortalecimiento de las instituciones básicas del régimen Republicano.
3. Mejorar la competitividad de la economía dominicana en el plano nacional e internacional y,
4. Lograr un mayor nivel de equidad social para la sociedad dominicana.
La
recuperación de la estabilidad macroeconómica es condición básica para
reiniciar el crecimiento económico. Sobre esta base se podrá entonces
avanzar en la inserción competitiva de la economía dominicana en los
mercados internacionales y en la reforma de los sectores rezagados
internos.
El freno del deterioro debe expresarse en una reconquista de la estabilidad macroeconómica.
Abatir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y devolver la
confianza en las políticas públicas es una meta de corto plazo que será
la prioridad de las nuevas autoridades a partir del 2004.
Replantear la deuda interna y externa -mediante el diálogo con los
acreedores externos, los organismos multilaterales y los países amigos,
de forma que resulte manejable en un contexto de emergencia- y hacer
viable las finanzas del gobierno. Simultáneamente se implementará una
política que permita detener el crecimiento de la deuda interna, tanto
del gobierno como del Banco Central, respetando los derechos adquiridos
y anteponiendo los más elevados intereses de las mayorías del pueblo y
la nación.
La estabilidad, el crecimiento económico y la competitividad tienen que
sustentarse obligatoriamente en el fortalecimiento de las instituciones
básicas de la democracia y del sistema Republicano de gobierno, con el
fin de darle un clima de gobernabilidad y estabilidad al presente y el
futuro de la nación. Todos estos objetivos deben converger, por tanto,
en hacer de la dominicana una sociedad con altos grados de equidad y de
solidaridad.
El fortalecimiento de los sectores productivos -industrial y
agropecuario-, pasa por un proceso de modernización que incluye la
integración de tecnologías modernas, así como profundas
transformaciones técnico- productivas orientadas a la ampliación del
mercado interno y principalmente a la diversificación y crecimiento de
las exportaciones.
Una condición necesaria para el restablecimiento de la estabilidad
macroeconómica y del crecimiento de la economía, es la sostenibilidad
financiera del sector eléctrico, debido a su impacto en el gasto
público y en los costos de producción de las actividades económicas y
su competitividad.
La generación de empleo será el resultado directo del mayor crecimiento
económico que se obtendrá a partir de la estabilidad macroeconómica
resultante de la aplicación de políticas correctas en las áreas fiscal,
monetaria, cambiaria, financiera, de inversión y de promoción de los
sectores productivos.
Otro aspecto importante para la generación de empleos será la
consolidación de un ambiente favorable al desarrollo empresarial. Ese
ambiente será el resultado de la modernización de la infraestructura,
de la claridad y transparencia de las regulaciones, de la seguridad
jurídica y de la calidad en la administración de gobierno.
Dentro de las políticas de empleo habrá, además, una política dirigida
a la generación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas
empresas, basadas en cuatro ejes de acción:
- La creación de nuevas empresas
- El fomento de la innovación
- La vinculación al mercado externo y
-
La generación de instrumentos de financiamiento.
Los graves niveles de pobreza y desigualdad existentes en el país
obligan a la ejecución de políticas sociales que promuevan el bienestar
de las personas y la creación de oportunidades para todos. Se propone
ejecutar una política social articulada con las políticas económicas.
Esa articulación se realizará a través de las políticas de generación
de empleo, de fortalecimiento productivo, de educación y de formación y
capacitación laboral.
Para desarrollar una política social de impacto en la reducción de la
pobreza y en la generación de oportunidades, el gasto público será
reestructurado con una clara orientación hacia el gasto social,
realizando para ello los cambios que permitan hacerlo más eficaz.
La educación constituirá el eje fundamental en la articulación de la
política social con la política económica. En ese sentido se imprimirá
al sistema educativo un nuevo sentido de propósitos que orienten las
políticas públicas en esta materia.
Las políticas públicas que se apliquen en el orden educativo estarán
centradas en la expansión del servicio, la optimización del trabajo
docente, la calidad de los contenidos de la enseñanza y la instauración
de un nuevo estilo de gestión que posibilite el establecimiento de
alianzas estratégicas con las comunidades, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, con el sector productivo y con
los demás sectores del entorno nacional e internacional.
La reforma del sistema educativo estará dirigida al logro de una
formación integral de excelencia, ante el convencimiento de que sólo
las personas con una sólida educación en
valores, conocimientos científicos y
tecnológicos y con una base cultural amplia tendrán la posibilidad de
llevar una vida sana, plena y productiva en la sociedad cambiante,
global y exigente del presente.
La política sanitaria y de seguridad social será una parte fundamental
de lucha contra la pobreza y la desigualdad social, elementos que
dificultan alcanzar una tasa de crecimiento económico mayor y que en el
mediano plazo pueden llegar a convertirse en una amenaza contra la
gobernabilidad y la estabilidad política y social del Estado
Dominicano.
Bajo esta perspectiva, la política social, en sus componentes de salud
y de seguridad social, deberá constituirse en pilar de una política de
Estado seria, coherente y consistente, con una visión de largo plazo
que supere los gobiernos de turno y le permita alejarse paulatinamente
del clientelismo político y del populismo electoral.
Las tareas que tenemos por delante sólo se pueden afrontar con un
gobierno que se preocupe por lo que es el interés general del país, que
no ponga la política al servicio de los intereses personales,
partidarios o grupales, que respete el valor de lo público, que respete
a los ciudadanos, en fin un gobierno que genere confianza en todos los
dominicanos.
Los dominicanos aspiramos a un gobierno transparente en todos sus
actos, especialmente en el manejo del gasto público, en función del
carácter central del presupuesto en la política gubernamental. En ese
sentido, es necesario un uso mesurado de los recursos públicos, a
reducir las márgenes de discrecionalidad con los que se interpreta la
ley y a actuar con honestidad y responsabilidad en el ejercicio de la
autoridad pública. Para los dominicanos, la democracia debe representar
algo más que derechos políticos y civiles clásicos. Los derechos
ciudadanos deben abarcar la protección ante las necesidades sociales
básicas, la garantía de los servicios sanitarios y de educación, el
acceso a los servicios de atención a la familia y la protección social,
el derecho a unas infraestructuras adecuadas y a la vivienda digna.
Se ha de encaminar al país por los caminos del desarrollo y la justicia social.
Para recuperar el optimismo y la esperanza en el futuro del país, el
Gobierno presenta un conjunto de propuestas que permitirán enderezar el
rumbo de la economía y recuperar su crecimiento, poner en marcha
políticas sociales que restablezcan el nivel de vida perdido y lo
mejoren, reiniciar el camino para una mejor distribución de la riqueza
que ayude a reducir la pobreza y las desigualdades sociales, mediante
el acceso a una educación de calidad y la generación de empleos.
Ante los graves problemas del presente, el Gobierno Dominicano inicia
la construcción de una sociedad fundada en el principio de la justicia
social, la vida democrática, pluralista y participativa, donde haya
espacio para el desarrollo de las capacidades de los dominicanos y se
abran nuevas oportunidades para todos, que afiance la institucionalidad
y los valores democráticos, que produzca una verdadera transformación
productiva como base para lograr una mayor competitividad económica, en
el contexto de un modelo de sociedad más equitativa, justa e inclusiva
para todos los dominicanos. Una sociedad donde primen los valores de la
ética individual y social, la solidaridad con los más pobres, el
respeto a la ley y las instituciones, la decencia, los valores de
convivencia y el permanente diálogo democrático.
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| Santo Domingo, 19 - 06 - 2013 |
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